Von der Leyen pone edad a las redes sociales: Europa quiere prohibirlas a los menores de 13 años

Von der Leyen anunció el veto para los menores de 13 años y supervisión parental hasta los 15. No dijo cómo se comprobará la edad, que es la única parte difícil del asunto.

Ursula von der Leyen anunció en su discurso del estado de la Unión que la Comisión propondrá prohibir el uso de redes sociales a los menores de 13 años. La iniciativa, llamada EU Kids Act, se presenta este jueves junto a la vicepresidenta ejecutiva Henna Virkkunen y lleva un año de elaboración.

Para la franja de 13 a 15 años no habría veto, sino condiciones: perfiles creados y supervisados por los padres, funciones limitadas y restricciones de tiempo. Sin esos requisitos, tampoco podrían usarlas. Para los mayores de quince, la presidenta se limitó a exigir un diseño seguro, sin concretar qué significa.

"Cada edad tiene sus propias sensibilidades", resumió.

El problema no es la edad, es comprobarla

Hoy cualquier menor abre una cuenta declarando una fecha de nacimiento falsa. Las plataformas ya fijan edades mínimas en sus condiciones de uso y no están obligadas a verificarlas. Convertir ese límite en una obligación legal verificable es exactamente el objetivo de la propuesta, y también su única dificultad real.

Hay tres formas de comprobar la edad de un usuario, y las tres tienen un coste.

La primera es la declaración, que es lo que existe ahora y no funciona.

La segunda es la identificación documental: acreditar la edad con un documento oficial o una identidad digital. Funciona, y tiene una consecuencia que rara vez se menciona en los anuncios políticos. Si una plataforma debe verificar que un usuario no es menor, tiene que verificar a todos los usuarios, también a los adultos. El uso seudónimo de las redes, que hoy es la norma, dejaría de serlo. Y alguien acabaría custodiando un registro de qué persona usa qué servicio.

La tercera es la estimación de edad mediante análisis facial o inferencia a partir del comportamiento. Evita el documento, pero exige procesar datos biométricos de todos los usuarios y falla precisamente en los márgenes: distinguir a alguien de doce años de alguien de catorce es donde estos sistemas son menos fiables, y es justo donde tendrían que acertar.

La decisión relevante de esta ley no es si el límite se fija en 13, 15 o 16. Es cuál de esas tres vías se impone, porque de eso depende si los adultos europeos siguen pudiendo usar una red social sin identificarse. Ninguno de los anuncios hechos hasta ahora lo especifica.

Reglamento o directiva no es un detalle técnico

Todavía no se sabe qué forma jurídica tendrá la norma, y la diferencia es grande.

Un reglamento se aplica de forma directa e idéntica en los veintisiete Estados. Una directiva fija objetivos y deja a cada país margen para transponerla, lo que produce veintisiete regímenes distintos.

Para un servicio sin fronteras, esa segunda opción crea un problema inmediato. Si España prohíbe el acceso hasta los 16 y otro Estado lo permite desde los 13, una plataforma debe aplicar reglas incompatibles a usuarios que se mueven entre países, y cualquier diferencia se convierte en un hueco por el que escapar.

Ese es, de hecho, el motivo de que Bruselas quiera legislar: los Estados llevan meses avanzando por su cuenta. España anunció en febrero la prohibición para menores de 16, con responsabilidad para los directivos de las plataformas en caso de infracción. Francia aprobó en julio una ley que impide a los menores de 15 crear o usar cuentas, dejando fuera Wikipedia y otros servicios educativos o de software libre.

Si la norma europea se fija en 13, España tendrá que decidir si mantiene su umbral más alto o lo alinea.

Lo que la propuesta da por probado

Los anuncios políticos sobre esta materia parten de que el daño está demostrado. La evidencia científica es más discutida de lo que sugieren.

Existe investigación que asocia el uso intensivo de redes sociales con el aumento de problemas de salud mental adolescente, y existe una crítica metodológica sólida a esos trabajos: correlaciones modestas, dificultad para establecer la dirección de la causalidad y resultados que no se replican con la misma intensidad en todos los países. No hay consenso académico sobre el tamaño del efecto ni sobre qué parte corresponde a las plataformas y qué parte a otros factores.

Eso no convierte la preocupación en infundada. Sí significa que una prohibición por edad es una apuesta regulatoria sobre una cuestión abierta, y conviene decirlo, porque de su eficacia real dependerá que dentro de unos años se valore como acierto o como gesto.

Qué queda por delante

Lo anunciado es una propuesta, no una ley. Tiene que pasar por el Parlamento Europeo y por el Consejo, y ese recorrido se mide en años, no en meses. El Reglamento de Servicios Digitales tardó alrededor de dos desde su propuesta hasta su entrada en vigor, más los plazos de aplicación posteriores.

Tres cosas conviene seguir cuando se conozca el texto: si es reglamento o directiva, qué método de verificación impone y qué se entiende exactamente por diseño seguro para los mayores de quince, que es la parte donde la presidenta no dio ningún detalle.

Lo que la norma no toca

Queda una limitación de fondo en el planteamiento.

La propuesta regula quién entra, no cómo funciona el producto una vez dentro. El desplazamiento infinito, las notificaciones diseñadas para reclamar atención, los sistemas de recomendación que optimizan el tiempo de permanencia y las métricas de aprobación pública siguen siendo legales para todo el que supere el umbral.

Un chico de quince años y un día accederá exactamente al mismo servicio que preocupaba a Bruselas cuando tenía quince años menos un día. El producto no habrá cambiado; solo su edad.

Y el precio de la protección lo pagarán en buena medida quienes no son su objeto: cientos de millones de adultos que, para que un menor no pueda mentir sobre su edad, tendrán que demostrar la suya.