La presión de los socios obliga a Óscar Puente a comparecer por el accidente de Urda
El ministro acudirá el 3 de noviembre a la Diputación Permanente, en plena presión de la oposición y de varios socios del Gobierno para depurar responsabilidades.
El ministro de Transportes solicitará comparecer ante la Diputación Permanente del Congreso para explicar las circunstancias del siniestro ferroviario, que deja 69 fallecidos y más de un centenar de heridos, según el balance citado. El PP considera insuficiente su intervención y exige que también dé explicaciones Pedro Sánchez.
La presión parlamentaria sobre el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha aumentado tras el grave accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo. Después de las exigencias de varios partidos, incluidos aliados parlamentarios del Gobierno, el ministro comparecerá el próximo martes 3 de noviembre ante la Diputación Permanente del Congreso para informar sobre las circunstancias del siniestro.
La decisión supone que Puente opta por dar explicaciones en sede parlamentaria en lugar de anunciar una dimisión inmediata. La solicitud de comparecencia será presentada por el propio ministro, según informó el Ministerio de Transportes.
El Partido Popular (PP) considera que esta intervención no es suficiente y ha registrado una petición para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca también de manera urgente. Sin embargo, la formación es consciente de las limitaciones reglamentarias que afectan a la actividad parlamentaria durante la disolución de las Cámaras.
Los socios del Gobierno se suman a las exigencias
Las peticiones para que Puente comparezca se han extendido entre distintas formaciones políticas, incluidas algunas que han respaldado al Ejecutivo durante la legislatura.
ERC, Podemos, Sumar y el Frente Amplio, candidatura liderada por Ada Colau e integrada por IU, Compromís, Chunta y Más Madrid, reclamaron que el ministro ofreciera explicaciones ante la Diputación Permanente.
También el PNV y Junts exigieron que se depuren responsabilidades. El primero reclamó asumir responsabilidades técnicas y políticas al máximo nivel, mientras que Junts se sumó a las demandas de rendición de cuentas.
La coincidencia entre partidos de distinto signo político ha incrementado la presión sobre el titular de Transportes, que deberá explicar lo sucedido y responder a las preguntas sobre las circunstancias del accidente.
Las competencias de la Diputación Permanente, en el centro del debate
La comparecencia se produce en un contexto parlamentario excepcional. Con las Cámaras disueltas, la Diputación Permanente mantiene determinadas funciones, pero sus competencias de control al Gobierno son más limitadas que durante los periodos ordinarios de actividad parlamentaria.
Según el criterio aplicado por la Mesa del Congreso en anteriores ocasiones, durante la disolución de las Cámaras no se admiten determinadas solicitudes de comparecencia promovidas por los grupos parlamentarios, al considerar que exceden las atribuciones de este órgano.
En estas circunstancias, la rendición de cuentas de un miembro del Gobierno solo puede tramitarse si el propio Ejecutivo solicita la comparecencia. Esta limitación explica por qué las reclamaciones de los partidos no bastaban, por sí solas, para obligar al ministro a acudir al Congreso.
Durante la disolución, la Diputación Permanente conserva funciones específicas relacionadas con los decretos leyes y con determinadas decisiones vinculadas a los estados de alarma, excepción y sitio. También debe velar por los poderes de la Cámara, aunque esta atribución no equivale a ejercer el control ordinario sobre el Gobierno.
Un criterio respaldado por precedentes parlamentarios
La interpretación de las competencias de la Diputación Permanente durante la disolución de las Cortes cuenta con antecedentes en distintas legislaturas.
En la segunda legislatura se rechazaron solicitudes de comparecencia relacionadas con el memorando de integración de España en la OTAN. Durante la quinta legislatura se plantearon peticiones para que varios ministros explicaran los disturbios ocurridos en Melilla en marzo de 1996 y para que el presidente del Gobierno asumiera responsabilidades políticas.
En la sexta legislatura también se presentaron solicitudes sobre distintos asuntos, entre ellos la posición del Gobierno ante la petición de extradición a España del exdictador chileno Augusto Pinochet.
Estos precedentes ilustran las restricciones que afectan al control parlamentario cuando las Cámaras están disueltas. En el caso del accidente de Urda, la comparecencia anunciada de Óscar Puente permitirá que el ministro exponga la información de la que dispone, mientras continúa la presión política para que se esclarezcan los hechos y se deter