Un nuevo impuesto a partir de cuatro viviendas: la propuesta fiscal de Ada Colau
Los particulares con cuatro o más viviendas y un patrimonio residencial superior a 800.000 euros tributarían, salvo que alquilen a precios asequibles.
La propuesta de Frente Amplio afectaría a las empresas desde su primer inmueble y a los particulares con cuatro o más viviendas cuyo patrimonio residencial supere los 800.000 euros. Los pisos destinados al alquiler asequible y estable quedarían exentos, según la iniciativa presentada por Ada Colau.
Ada Colau, candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, ha anunciado una propuesta fiscal para penalizar la acumulación de viviendas y fomentar que los inmuebles disponibles se incorporen al mercado del alquiler a precios asequibles. La iniciativa contempla un impuesto anual del 10% sobre el valor de los pisos, con diferentes criterios de aplicación según se trate de empresas o propietarios particulares.
En el caso de las personas físicas, el gravamen se aplicaría a quienes tengan cuatro o más viviendas, siempre que el valor conjunto de sus propiedades supere los 800.000 euros. Para las empresas, la propuesta prevé aplicar el impuesto desde el primer inmueble.
Colau presentó la medida este miércoles en una entrevista en la Cadena SER, en el contexto de la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. Según explicó, el propósito es incentivar que los propietarios reduzcan los precios del alquiler para evitar el pago del nuevo tributo.
La iniciativa contempla una excepción para las viviendas arrendadas de forma estable a precios asequibles, tomando como referencia el sistema estatal de índices de alquiler. De esta manera, los titulares que cumplan las condiciones previstas quedarían exentos del gravamen.
Excepciones para determinados propietarios y entidades
El planteamiento incluye algunas salvedades para particulares que tengan participaciones minoritarias heredadas, propiedades de escaso valor o circunstancias familiares acreditadas.
También quedarían excluidas del impuesto determinadas personas jurídicas, entre ellas las cooperativas de vivienda, las administraciones públicas y las organizaciones sin ánimo de lucro.
La exención para los inmuebles destinados al alquiler asequible constituye uno de los principales mecanismos de la propuesta. La formación sostiene que esta fórmula permitiría incentivar el arrendamiento a precios moderados sin penalizar a quienes mantengan sus viviendas dentro de las condiciones establecidas.
No obstante, los efectos reales de la medida dependerían de su diseño definitivo, de los criterios para determinar el valor de los inmuebles y de las condiciones exigidas para acceder a las exenciones.
Frente Amplio calcula que afectaría a 262.000 propietarios
La coalición estima que el impuesto alcanzaría a 262.000 propietarios con cuatro o más viviendas, lo que representaría el 1,3% de las personas que poseen inmuebles residenciales en España.
La formación también incluye entre los posibles afectados a fondos de inversión y a 737 empresas privadas que cuentan con al menos 50 viviendas en alquiler. Estas cifras proceden de los cálculos difundidos por la propia candidatura y no constituyen una estimación independiente.
Según sus previsiones, la medida podría movilizar 213.840 viviendas que actualmente están en manos de multipropietarios y que no se encuentran alquiladas ni se utilizan como residencia habitual.
Frente Amplio defiende que incorporar estos inmuebles al mercado permitiría ampliar la oferta residencial y facilitar el acceso a una vivienda, tanto mediante el alquiler como a través de la compraventa. Se trata, sin embargo, del efecto esperado por la formación, todavía sin resultados observables al tratarse de una propuesta electoral.
Más inversión pública en vivienda asequible
La iniciativa fiscal se acompañaría de un incremento de la inversión en vivienda asequible y protegida de carácter permanente, con el objetivo de alcanzar el equivalente al 1% del producto interior bruto (PIB).
Los recursos se destinarían a construir nuevas viviendas, adquirir inmuebles existentes y rehabilitar propiedades para incorporarlas a la oferta residencial protegida. Una parte de esa financiación procedería de los ingresos generados por el nuevo impuesto.
Colau ha reconocido que ampliar el parque público de vivienda requiere tiempo y ha defendido combinar esa inversión con medidas dirigidas a movilizar los inmuebles que ya existen.
La propuesta busca actuar, por tanto, en dos frentes: aumentar la disponibilidad de vivienda asequible mediante inversión pública y modificar los incentivos fiscales de los grandes propietarios para favorecer que más inmuebles se destinen al alquiler a precios moderados.
Por el momento, el impuesto forma parte del programa anunciado por Frente Amplio de cara a las elecciones generales. Su eventual aplicación dependerá de que la propuesta avance y se concrete en una norma.