225 millones para aliviar el mercado del alquiler y ampliar las plazas universitarias
El Gobierno destina 225 millones a ampliar el alquiler social en 317 municipios y crear 2.000 plazas de alojamiento universitario.
Cataluña concentrará 119,4 millones de euros de las ayudas destinadas a municipios con dificultades de acceso a la vivienda, mientras que otros 45 millones financiarán siete proyectos de alojamientos universitarios en seis comunidades autónomas.
El Gobierno ha aprobado dos líneas de subvenciones que suman 225 millones de euros para impulsar el acceso a la vivienda asequible en España. La primera, dotada con 180 millones, se distribuirá entre las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado. La segunda contempla 45 millones para desarrollar alojamientos universitarios destinados a estudiantes y personal académico.
La medida fue aprobada por el Consejo de Ministros el 20 de octubre, según explicó la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. Con la primera partida, el Ejecutivo busca aumentar la oferta de alquiler social y asequible en 317 municipios de cinco comunidades autónomas, donde residen más de nueve millones de personas.
Cataluña recibirá dos tercios de las ayudas para zonas tensionadas
El reparto de los 180 millones sitúa a Cataluña como la principal beneficiaria, con 119,4 millones de euros para sus 271 municipios declarados zonas tensionadas. El resto de los fondos se distribuye entre otros cuatro territorios:
- País Vasco: 31 millones de euros para 18 municipios.
- Navarra: 13,3 millones para 21 municipios.
- Galicia: 10,2 millones para A Coruña y Santiago de Compostela.
- Asturias: 5,9 millones para cinco municipios.
Según detalló Rodríguez, la asignación tiene en cuenta dos factores: la población afectada por la declaración de zona tensionada y el esfuerzo económico que deben realizar los hogares para pagar el alquiler. El propósito es dirigir más recursos a los lugares donde las dificultades residenciales afectan a un mayor número de personas y las rentas representan una carga más elevada para las familias.
La ministra defendió que declarar una zona como tensionada no significa reconocer una situación favorable, sino identificar un problema que necesita medidas específicas. Entre las herramientas vinculadas a esta figura mencionó los límites a las subidas del alquiler al finalizar los contratos y las bonificaciones para propietarios que reduzcan las rentas.
En qué podrán emplearse los 180 millones
Las comunidades autónomas beneficiarias dispondrán de cinco vías principales para utilizar las subvenciones, todas relacionadas con el acceso a la vivienda y el alquiler asequible.
La primera contempla la construcción y rehabilitación de inmuebles, además del desarrollo de alternativas habitacionales destinadas al alquiler social o asequible, sin que la titularidad o la calificación del suelo sea un impedimento.
También se podrá financiar la compra de terrenos con capacidad para uso residencial por parte de las administraciones autonómicas y sus entidades vinculadas. A ello se suma la urbanización y preparación de suelo para construir viviendas.
Otra opción será adquirir viviendas ya existentes para incorporarlas al parque de alquiler social o asequible. Finalmente, las ayudas podrán utilizarse para cubrir impagos de contratos de arrendamiento de viviendas.
El Ministerio recuerda que estas subvenciones complementan otras iniciativas incluidas en el Plan Estatal de Vivienda. Entre ellas figuran las ayudas para construir vivienda pública y la posibilidad de que las administraciones financien hasta el 80 % del coste de adquisición de inmuebles ya construidos cuando se destinen al alquiler asequible.
Otros 45 millones para 2.000 plazas universitarias
La segunda medida aprobada por el Consejo de Ministros se centra en ampliar las alternativas residenciales en las ciudades universitarias. El programa cuenta con 45 millones de euros y prevé crear 2.000 plazas de alojamiento asequible en una primera fase.
La financiación se distribuirá entre siete actuaciones localizadas en seis comunidades autónomas. Los importes aprobados para cada proyecto son los siguientes:
- Universidad Autónoma de Madrid: 13,3 millones de euros.
- Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete: 8,1 millones.
- Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla: 6,5 millones.
- Universidad de Burgos: 5,9 millones.
- Universitat Jaume I de Castelló: 4,5 millones.
- Universidad de Jaén: 3,5 millones.
- Ayuntamiento de Lleida: 2,9 millones.
El Ministerio de Vivienda señala que el programa pretende aumentar las opciones de alojamiento para estudiantes y personal docente e investigador, facilitar la movilidad académica y aliviar la presión sobre el mercado del alquiler en las ciudades con actividad universitaria.
Con ambas líneas de financiación, el Ejecutivo busca intervenir tanto en los municipios donde el acceso a una vivienda resulta especialmente difícil como en los entornos universitarios, donde la disponibilidad de alojamiento asequible condiciona la movilidad y la vida académica.