Cataluña concentra el 20% de las demandas por okupación de viviendas registradas en España

Cataluña encabezó las demandas judiciales por ocupación ilegal de viviendas durante el segundo trimestre de 2026, con 89 procedimientos. En el conjunto del país se contabilizaron 443 casos, un 9% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Las demandas judiciales relacionadas con la okupación de viviendas mantienen su tendencia descendente en España. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre abril y junio de 2026 ingresaron en los juzgados 443 procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de inmuebles, una cifra que sitúa este trimestre entre los de menor actividad desde que comenzó la serie estadística, en el tercer trimestre de 2018.

El número de procedimientos fue un 9% inferior al registrado durante la primavera del año anterior y quedó por debajo del promedio histórico, situado en 712 casos por trimestre. Cataluña volvió a ocupar la primera posición por volumen de demandas, al reunir 89 procedimientos, aproximadamente el 20% del total nacional.

Por detrás se situaron Andalucía, con 74 casos; la Comunidad Valenciana, con 57; la Comunidad de Madrid, con 37; y Baleares, con 31. De esta forma, Cataluña recuperó el liderazgo después de que Andalucía encabezara la clasificación durante el primer trimestre del año y en tres de los últimos cuatro trimestres.

Baleares registra la mayor incidencia por habitante

La clasificación cambia cuando se compara el número de procedimientos con la población de cada comunidad autónoma. En este indicador, Baleares presenta la tasa más elevada, con 2,5 demandas por cada 100.000 habitantes.

Le siguen Castilla-La Mancha, con 1,3; Asturias y Canarias, con 1,2 cada una; y Cataluña y la Comunidad Valenciana, con 1,1 procedimientos por cada 100.000 habitantes.

Andalucía registra una tasa de 0,8, mientras que Madrid se sitúa en 0,5. Entre las comunidades con las cifras más bajas figuran La Rioja y el País Vasco, con 0,3 casos por cada 100.000 habitantes. Navarra no contabilizó procedimientos de este tipo durante el periodo señalado.

Menos demandas judiciales no significa necesariamente menos okupación

La reducción de los procedimientos registrados no implica, por sí sola, que la ocupación ilegal de viviendas haya disminuido en la misma proporción. Los expertos advierten de que las estadísticas judiciales reflejan únicamente una parte del fenómeno y no permiten conocer por sí solas su alcance total.

Uno de los factores que limita la interpretación de los datos es el ámbito de la estadística del CGPJ. Las cifras analizadas corresponden a procedimientos civiles relacionados con la recuperación de la posesión de inmuebles y no incluyen los procedimientos penales por delitos como la usurpación de inmuebles o el allanamiento de morada.

También influye la entrada en vigor de la ley de eficiencia de la Administración de Justicia, que introdujo la obligación de acudir, en los supuestos previstos legalmente, a los llamados Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) antes de presentar determinadas demandas. Este requisito puede prolongar los plazos previos al inicio de algunos procedimientos judiciales.

A estas circunstancias se suma que algunos propietarios optan por vías alternativas para recuperar sus inmuebles, incluidos acuerdos económicos con los ocupantes. Asimismo, la estadística del CGPJ tiene un alcance delimitado por el tipo de demandantes que contempla, por lo que no recoge todos los casos que pueden afectar a empresas propietarias de viviendas.

Por ello, la evolución de las demandas debe interpretarse teniendo en cuenta tanto los límites de la estadística como los cambios en la forma de gestionar estos conflictos.

Cataluña también lidera el balance del primer semestre

La posición de Cataluña se mantiene al ampliar el análisis a los seis primeros meses de 2026. Entre enero y junio se registraron 903 procedimientos judiciales por ocupación ilegal de viviendas en España, de los cuales 177 correspondieron a esta comunidad autónoma, equivalente al 19,6% del total.

Andalucía ocupó el segundo lugar, con 168 procedimientos, el 18,6%, seguida de la Comunidad Valenciana, con 121 casos, el 13,4%. En conjunto, estas tres comunidades concentraron el 51,6% de las demandas presentadas durante el semestre y fueron las únicas que superaron los cien procedimientos.

A continuación se situaron Canarias, con 81 casos; Madrid, con 65; Baleares y Castilla-La Mancha, con 48 cada una; Galicia, con 48; y Castilla y León, con 45.

El resto de comunidades registró menos de 30 procedimientos durante la primera mitad del año. Navarra fue la única en la que no se contabilizaron nuevas demandas por ocupación ilegal de viviendas en ese periodo.

Los datos muestran que Cataluña concentra el mayor número de procedimientos tanto en el segundo trimestre como en el conjunto del primer semestre. No obstante, las diferencias entre comunidades varían cuando se considera la población y deben analizarse junto con el alcance y las limitaciones de las estadísticas judiciales.