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Periodistas colocaron cámaras frente al Tribunal Supremo de España en Madrid el 21 de junio de 2019.

El alto tribunal confirma una prestación de 500 euros mensuales durante tres años y rechaza que deba ser vitalicia. La sentencia considera que las circunstancias personales, profesionales y patrimoniales permitían prever que la mujer podría recuperar su autonomía económica.

El Tribunal Supremo ha confirmado que una pensión compensatoria tras un divorcio puede establecerse por un periodo limitado, incluso cuando uno de los cónyuges ha mantenido su dependencia económica durante años de separación. En una sentencia dictada el 19 de octubre de 2026, la Sala de lo Civil avala que una mujer perciba 500 euros mensuales durante tres años, en lugar de la prestación indefinida que había solicitado.

El caso se remonta a una pareja que puso fin a su convivencia en 2015, aunque no formalizó el divorcio hasta febrero de 2024. Durante ese tiempo, el marido continuó realizando aportaciones económicas a su esposa y asumiendo parte de los gastos familiares.

La resolución, identificada como Sentencia 1628/2026, también precisa el alcance de la perspectiva de género en este tipo de procedimientos: los jueces deben valorar cómo la dedicación a la familia pudo afectar a la trayectoria laboral del cónyuge que solicita la prestación, pero esa circunstancia no obliga a reconocer una pensión de carácter vitalicio.

Cuándo puede limitarse la pensión compensatoria

El artículo 97 del Código Civil permite establecer una pensión compensatoria temporal cuando las circunstancias del caso hacen posible prever que el cónyuge perjudicado podrá superar el desequilibrio económico en un plazo determinado.

Esta prestación no tiene como finalidad igualar los patrimonios de las personas que se divorcian ni garantizar de manera permanente el mismo nivel de ingresos que existía durante el matrimonio. Su objetivo es compensar el desequilibrio económico provocado por la ruptura y facilitar que el beneficiario recupere su autonomía financiera.

El Supremo recuerda que, para fijar una duración concreta, los tribunales deben realizar una valoración realista de las posibilidades de que la persona pueda obtener ingresos propios suficientes. No basta con examinar su edad o su capacidad física para trabajar: también deben considerarse su formación, experiencia profesional, situación personal y oportunidades efectivas de acceder al empleo.

La temporalidad, añade la Sala, debe apoyarse en un pronóstico razonado y suficientemente fundamentado. No es suficiente una expectativa genérica de que el beneficiario encontrará trabajo; es necesario valorar las posibilidades reales de superar el desequilibrio y el tiempo que podría necesitar para conseguirlo.

La perspectiva de género no obliga a conceder una prestación vitalicia

El tribunal subraya que la dedicación prolongada a las responsabilidades familiares puede haber limitado las oportunidades profesionales de uno de los cónyuges, así como su acceso a formación, empleo y cotizaciones.

Por este motivo, los jueces deben incorporar la perspectiva de género al aplicar el artículo 97 del Código Civil, conforme al artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, de igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Esto exige analizar cómo se distribuyeron las tareas familiares durante el matrimonio y qué consecuencias tuvo ese reparto sobre la carrera profesional y la independencia económica de quien solicita la pensión.

Sin embargo, el Supremo aclara que tener en cuenta esas circunstancias no significa que la prestación deba reconocerse de por vida. La decisión debe atender también a las oportunidades profesionales que existan en el momento de resolver el divorcio y a la posibilidad de que el beneficiario alcance ingresos suficientes para superar el desequilibrio.

Una pareja separada desde 2015 y con dos hijos

El matrimonio se celebró en agosto de 1997 y tuvo dos hijos. La convivencia terminó en 2015, después de casi dos décadas de vida en común, pero el divorcio no se formalizó hasta febrero de 2024.

Durante la separación, la mujer y los hijos continuaron viviendo en una vivienda alquilada por 220 euros mensuales, a los que se sumaban 40 euros de gastos de comunidad. El marido entregaba aproximadamente 500 euros al mes a su esposa y otros 200 euros a cada uno de los hijos.

El hombre era socio, trabajador y administrador único de una empresa de excavaciones y desbroces de carácter ganancial. La Audiencia Provincial de Pontevedra estimó sus ingresos netos en unos 2.000 euros mensuales, por encima de las cantidades declaradas oficialmente. También percibía rentas por el arrendamiento de una finca rústica privativa.

La mujer, licenciada en Geografía e Historia, impartía clases particulares. Aunque reconoció obtener unos 350 euros mensuales, se consideró acreditado que había llegado a tener entre seis y siete alumnos, lo que permitía estimar sus ingresos netos entre 540 y 630 euros al mes.

Su historial de cotización era reducido: hasta abril de 2024 únicamente tenía acreditados 282 días y no constaba que hubiera cotizado por su actividad como profesora particular. Pese a la separación prolongada, las aportaciones del marido habían permitido que mantuviera cierta dependencia económica.

De una pensión indefinida a tres años de prestación

Cuando el marido presentó la demanda de divorcio en febrero de 2024, la esposa solicitó mediante reconvención una pensión compensatoria de 800 euros mensuales.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Caldas de Reis reconoció una prestación de 600 euros mensuales sin establecer un límite temporal. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Pontevedra modificó la decisión: redujo la cuantía a 500 euros y fijó una duración de tres años, a contar desde el 1 de agosto de 2025.

La mujer recurrió esta decisión ante el Tribunal Supremo. La Sala tuvo en cuenta que tenía 48 años cuando terminó la convivencia y rondaba los 59 cuando se resolvió el recurso. También valoró que habían transcurrido casi once años desde la ruptura y que los hijos ya eran mayores de edad.

El mayor había completado sus estudios y la hija se encontraba cursando formación universitaria cuando se dictó la sentencia de primera instancia. Para el tribunal, el tiempo transcurrido desde la separación también debía considerarse al valorar las posibilidades de reorganización profesional de la mujer.

Otro elemento relevante fue el carácter ganancial de la empresa del marido. La esposa tendría derecho a la participación que le correspondiera en el patrimonio y los rendimientos de la sociedad tras la liquidación del régimen económico matrimonial, una circunstancia que podía mejorar su situación financiera.

Los pagos durante la separación no demostraron un acuerdo vitalicio

La mujer sostuvo que las aportaciones mensuales realizadas por su marido respondían a un acuerdo verbal por el que este se habría comprometido a pagarle una pensión compensatoria de 600 euros mensuales de manera indefinida.

Sin embargo, el Supremo no examinó el fondo de esa supuesta obligación porque la esposa no había planteado la existencia del acuerdo en primera instancia ni durante la apelación. Introdujo ese argumento por primera vez en el recurso de casación, cuando ya no correspondía incorporar cuestiones nuevas que no hubieran sido debatidas anteriormente.

La Sala también señaló que la propia mujer había solicitado inicialmente una pensión de 800 euros mensuales, una cantidad diferente de los 600 euros que posteriormente atribuyó al supuesto pacto verbal.

Por tanto, las aportaciones económicas realizadas durante la separación sirvieron para acreditar que la dependencia económica se había mantenido, pero no para demostrar la existencia de un acuerdo sobre una pensión compensatoria vitalicia.

Finalmente, el Supremo desestimó el recurso de casación, impuso las costas a la mujer y acordó la pérdida del depósito constituido para recurrir. De este modo, confirmó la prestación de 500 euros mensuales durante tres años, computados desde el 1 de agosto de 2025.