La sede del banco catalán 'Caixabank' en Palma de Mallorca JAIME REINA/AFP via Getty Images

La Generalitat de Catalunya ha decidido extender hasta 2028 el servicio de Banca Móvil, gestionado por CaixaBank y Caixa Enginyers, con el objetivo de seguir garantizando el acceso a servicios financieros en aquellos municipios que carecen de oficina bancaria física. Según ha explicado la Conselleria d'Economia i Finances, la decisión de prolongar el programa responde a la buena acogida que ha tenido entre los usuarios desde su puesta en marcha.

La prórroga, que tiene un valor de 1,19 millones de euros, permitirá que 453 municipios catalanes sin entidad bancaria presencial sigan contando con este servicio durante dos años más de lo previsto inicialmente. La medida garantiza además la continuidad de una red de 13 oficinas móviles, equipadas con cajeros automáticos y atendidas por personal especializado.

Estas oficinas itinerantes reproducen las prestaciones de una sucursal convencional. Los vecinos pueden retirar e ingresar efectivo, consultar saldos, realizar transferencias, domiciliar recibos o abrir cuentas bancarias, además de recibir asesoramiento sobre créditos, hipotecas y otros productos financieros. No es necesario ser cliente de ninguna de las dos entidades para utilizar el servicio.

El programa está orientado especialmente a combatir la exclusión financiera en el ámbito rural. En la actualidad, la Banca Móvil llega a cerca de 308.000 personas repartidas en 503 municipios, más de la mitad del total de municipios catalanes. Las rutas se realizan con vehículos adaptados y accesibles, que cuentan con todas las medidas de seguridad exigidas.

De acuerdo con los datos facilitados por el Govern, la puesta en marcha de este servicio ha permitido reducir de 298 a 33 el número de municipios catalanes que no disponían de ningún tipo de atención bancaria entre 2023 y 2025.

La medida se enmarca en un contexto de progresivo cierre de oficinas bancarias en Cataluña. Según cifras del Banco de España, la comunidad ha pasado de contar con 8.155 sucursales en 2008 a 2.194 en 2022, lo que supone la desaparición de 5.961 oficinas en dieciocho años. Esta tendencia, generalizada en toda Europa, ha sido más acusada en territorio catalán: mientras la caída media fue del 41% en la Unión Europea y del 58% en España, en Cataluña las oficinas bancarias se redujeron un 73% en ese periodo.

Con la ampliación del contrato hasta 2028, la Generalitat busca consolidar un modelo que, según defiende, ha demostrado su utilidad para frenar el aislamiento financiero de las zonas menos pobladas y garantizar que ningún municipio catalán quede sin acceso a servicios bancarios básicos.