España necesita nuevos Presupuestos y revisar el gasto público
El economista plantea actualizar las cuentas públicas, evaluar subvenciones y duplicidades administrativas y fijar objetivos verificables para reducir el déficit y la deuda.
España afronta un debate económico sobre la necesidad de aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado, controlar la deuda pública y revisar cómo se distribuyen los recursos de las administraciones. El economista Rafael Pampillón Olmedo defiende que el país debe priorizar la actualización de sus cuentas y la eficiencia del gasto antes de plantear nuevas subidas de impuestos.
El autor señala que España continúa funcionando con los Presupuestos de 2023, pese a los cambios registrados en los precios, las pensiones, los salarios públicos y los costes de financiación. A su juicio, la ausencia de nuevas cuentas limita el debate parlamentario sobre las prioridades económicas y dificulta una planificación presupuestaria adaptada a las necesidades actuales.
Su propuesta se centra en revisar los gastos públicos, reducir posibles duplicidades administrativas, evaluar las subvenciones y establecer objetivos medibles para disminuir el déficit y la deuda. Estas medidas forman parte de la posición defendida por el autor en su artículo de opinión.
La falta de nuevos Presupuestos y sus consecuencias
Los Presupuestos Generales del Estado constituyen una herramienta fundamental para planificar los ingresos y gastos públicos. A través de ellos, el Gobierno presenta sus prioridades económicas y el Parlamento puede debatirlas, modificarlas y ejercer su función de control.
Según Pampillón, mantener unas cuentas elaboradas para un contexto anterior dificulta adaptar el gasto a las necesidades actuales. Desde 2023 han cambiado diferentes partidas presupuestarias, entre ellas las relacionadas con las pensiones, las retribuciones públicas y los intereses de la deuda.
El autor considera que el próximo Gobierno debería presentar unos Presupuestos para 2027 acompañados de un plan plurianual. Este programa incluiría metas verificables para reducir el déficit y la deuda, así como mecanismos para evaluar el uso de los recursos públicos.
La prórroga presupuestaria permite que el Estado continúe funcionando, pero no sustituye el debate político sobre la actualización de las cuentas. La ausencia de nuevos Presupuestos también puede dificultar la incorporación ordenada de nuevas prioridades de gasto e inversión.
Déficit y deuda pública: el reto de las cuentas españolas
Uno de los argumentos centrales de la tribuna es que el crecimiento económico y el aumento de la recaudación no eliminan automáticamente los desequilibrios presupuestarios. España puede registrar una evolución favorable de la actividad y del empleo mientras mantiene un déficit público y un volumen elevado de deuda.
El artículo recoge que el déficit público se situó en el 2,4 % del producto interior bruto (PIB) en 2025. También señala que la deuda pública alcanzó los 1,74 billones de euros en julio de 2026.
El déficit aparece cuando los gastos públicos superan los ingresos durante un periodo determinado. La deuda, en cambio, representa el conjunto de obligaciones acumuladas que deben financiarse a lo largo del tiempo.
El autor advierte de que la reducción de la deuda en relación con el PIB no significa necesariamente que disminuya su importe total. Cuando la economía nominal crece, el peso relativo de la deuda puede bajar aunque el volumen acumulado siga aumentando.
El coste de financiar esa deuda también resulta relevante. Los intereses que paga el Estado utilizan recursos presupuestarios que podrían destinarse a servicios públicos, inversión o reducción de impuestos. Por ello, la evolución de los tipos de interés y la confianza de los mercados financieros influyen en la planificación fiscal.
Revisar el gasto público y las estructuras administrativas
Pampillón sostiene que una parte del ajuste presupuestario debería proceder de una revisión del gasto público, en lugar de depender principalmente de nuevos ingresos tributarios. En su opinión, las administraciones deben analizar si todas sus estructuras y programas responden a necesidades actuales.
Entre las propuestas mencionadas figuran revisar los organismos públicos, identificar posibles duplicidades entre administraciones y evaluar las subvenciones para comprobar sus resultados. También plantea estudiar la conveniencia de vender determinadas participaciones públicas en empresas.
Estas propuestas requieren evaluaciones concretas. La existencia de varios organismos que trabajan en un mismo ámbito no demuestra por sí sola que sus funciones sean innecesarias: para decidir una reorganización es necesario analizar sus competencias, los servicios que prestan y los posibles efectos sobre los ciudadanos.
Del mismo modo, revisar una subvención implica examinar sus objetivos, beneficiarios, resultados y costes. Una evaluación rigurosa puede ayudar a identificar programas ineficientes, aunque también debe considerar los efectos económicos y sociales de su eliminación o modificación.
La presión fiscal y el efecto de la inflación en el IRPF
Otro de los asuntos destacados en la tribuna es la presión fiscal sobre los contribuyentes. El autor sostiene que el aumento de la recaudación no se debe únicamente al crecimiento de la economía, sino que también puede estar relacionado con el efecto de la inflación sobre los impuestos personales.
En el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), si los salarios nominales aumentan para compensar parcialmente la subida de los precios y los tramos fiscales no se ajustan en la misma proporción, algunos contribuyentes pueden terminar pagando una mayor proporción de sus ingresos en impuestos. Este fenómeno se conoce habitualmente como progresión en frío.
Su impacto depende de la evolución de los ingresos, los mínimos personales y familiares, las deducciones y las decisiones fiscales adoptadas por cada administración. Por eso, evaluar su alcance requiere examinar las reglas vigentes y la situación de los diferentes grupos de contribuyentes.
Pampillón defiende una fiscalidad que favorezca el ahorro, la inversión y el empleo. Según su planteamiento, aumentar impuestos y cotizaciones sociales puede elevar los costes empresariales y afectar a las decisiones de contratación e inversión. Se trata de una posición económica que forma parte del debate sobre cómo financiar los servicios públicos y mantener la competitividad.
El gasto en pensiones y el envejecimiento de la población
Las pensiones constituyen otro de los desafíos presupuestarios analizados por el economista. El envejecimiento de la población, la baja natalidad y la llegada de las generaciones del llamado baby boom a la jubilación incrementan la presión sobre el sistema de protección social.
El autor reconoce que deben respetarse los derechos de los pensionistas, pero considera necesario estudiar reformas graduales para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Entre sus propuestas menciona facilitar la prolongación voluntaria de la vida laboral y fomentar mecanismos de ahorro complementario.
Estas alternativas forman parte de un debate más amplio sobre la financiación de las pensiones, la distribución de los costes entre generaciones y la protección de quienes han cotizado durante su vida laboral.
Cualquier reforma debe valorar su impacto en la suficiencia de las prestaciones, la situación de los trabajadores con empleos físicamente exigentes, las diferencias de ingresos y la capacidad de ahorro de los hogares. El objetivo de sostenibilidad financiera debe analizarse junto con el papel social del sistema público de pensiones.
Inversión en educación, tecnología e infraestructuras
La tribuna también señala que la reducción del déficit no debería perjudicar las inversiones que contribuyen a mejorar la productividad. El autor menciona ámbitos como la educación, la formación profesional, la investigación, las nuevas tecnologías y las infraestructuras.
La productividad mide la cantidad de bienes y servicios que puede generar una economía con los recursos disponibles. Su evolución influye en la competitividad de las empresas, los salarios y el crecimiento económico a largo plazo.
Desde esta perspectiva, la revisión del gasto no consiste únicamente en reducir partidas, sino en decidir cuáles generan resultados sociales y económicos y cuáles podrían reorganizarse. Una planificación presupuestaria eficaz debe distinguir entre los gastos que mantienen estructuras administrativas y las inversiones que pueden elevar la capacidad productiva del país.
El autor propone acompañar los nuevos Presupuestos con un programa plurianual de reducción del déficit y la deuda, objetivos anuales verificables y una evaluación rigurosa de las subvenciones. También defiende que los nuevos compromisos de gasto permanente vayan acompañados de una explicación sobre su financiación.
El cumplimiento de las reglas fiscales europeas
España también debe tener en cuenta las reglas fiscales de la Unión Europea, que establecen un marco para controlar los desequilibrios presupuestarios y la evolución del gasto público.
El cumplimiento de estos compromisos está relacionado con la sostenibilidad de las finanzas públicas y con la capacidad del Estado para financiarse en los mercados. Sin embargo, la aplicación de las reglas fiscales debe analizarse junto con las necesidades de inversión, la situación económica y las prioridades sociales.
La propuesta de Pampillón plantea combinar la disciplina presupuestaria con reformas destinadas a mejorar la productividad. En su opinión, la reducción del gasto improductivo permitiría dedicar más recursos a actividades que contribuyan a la innovación, el empleo y la competitividad.
¿Por qué España necesita nuevos Presupuestos Generales del Estado?
Los nuevos Presupuestos permiten actualizar las previsiones de ingresos y gastos, establecer prioridades económicas y someterlas al debate y control parlamentario. España continúa utilizando las cuentas de 2023, según la tribuna publicada por Cinco Días.
¿Qué propone Rafael Pampillón para reducir el déficit?
El economista defiende revisar el gasto público, evaluar subvenciones, reducir posibles duplicidades administrativas y establecer objetivos verificables para disminuir el déficit y la deuda.
¿Qué es la progresión en frío del IRPF?
Es el efecto por el que la inflación puede elevar la carga fiscal de algunos contribuyentes cuando sus ingresos nominales aumentan y los tramos del impuesto no se ajustan proporcionalmente.
¿Cómo afecta la deuda pública a las cuentas del Estado?
La deuda genera pagos de intereses que deben incluirse en los Presupuestos. Si el coste de financiación aumenta, una parte mayor de los recursos públicos puede destinarse al servicio de esa deuda.
¿La revisión del gasto público implica eliminar servicios?
No necesariamente. Una revisión puede identificar duplicidades, evaluar programas y reorganizar recursos. Las decisiones deben considerar los costes, los resultados y las consecuencias para los ciudadanos.
Conclusión
El debate sobre los Presupuestos Generales del Estado combina varias cuestiones: la necesidad de actualizar las cuentas públicas, la sostenibilidad de la deuda, la presión fiscal, el gasto en pensiones y la inversión necesaria para elevar la productividad.
En su tribuna de Cinco Días, Rafael Pampillón defiende que España debe aprobar nuevos Presupuestos y revisar el gasto antes de recurrir a nuevas subidas de impuestos. Su propuesta incluye evaluar las estructuras administrativas, revisar las subvenciones y establecer metas verificables para reducir los desequilibrios presupuestarios.
La discusión de fondo consiste en determinar cómo financiar los servicios públicos, cumplir los compromisos fiscales y sostener la inversión que necesita la economía. La evaluación de los resultados, la transparencia presupuestaria y el debate parlamentario son elementos centrales para valorar las distintas alternativas.