El Supremo revisa la suspensión del voto de la ’ley de nietos’ ante las elecciones del 29-N
El Gobierno pide levantar la medida cautelar, mientras Vox e Iustitia Europa reclaman que se aplique en las elecciones generales del 29 de noviembre.
La Sala de lo Contencioso estudia el recurso del Gobierno contra la medida cautelar que afecta a nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática
El Tribunal Supremo revisa este lunes el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la suspensión cautelar del derecho a voto de parte de los españoles que obtuvieron la nacionalidad mediante la conocida como 'ley de nietos'. La convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre ha añadido presión a un procedimiento cuyos plazos ya eran ajustados.
La medida cautelar fue acordada por el Supremo el pasado 9 de septiembre y afecta, en los términos fijados por el tribunal, a quienes obtuvieron la nacionalidad al amparo de la disposición de la Ley de Memoria Democrática sobre los descendientes de españoles exiliados y que ya figuraban inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
El Gobierno ha recurrido la decisión y ha pedido que se levante la suspensión. La Fiscalía del Supremo también se había opuesto a la medida cautelar y se ha adherido al recurso de la Abogacía del Estado.
La convocatoria electoral modifica ahora el calendario con el que trabajaban las partes. Iustitia Europa y Vox, que solicitaron la suspensión, han presentado nuevos escritos para que el Supremo determine con rapidez cómo debe aplicarse la medida de cara a los comicios del 29-N.
Iustitia Europa y Vox piden aplicar la suspensión en las elecciones
Iustitia Europa ha solicitado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que concrete de manera inmediata a qué personas afecta la medida cautelar. La organización considera necesario determinar su alcance antes de que avance el proceso electoral.
Vox, por su parte, ha pedido al Supremo que declare expresamente que la suspensión del derecho a voto resulta aplicable a las elecciones del 29 de noviembre y que ordene a la Junta Electoral Central adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la resolución.
La cuestión afecta especialmente a los españoles residentes en el extranjero, ya que la medida cautelar se refiere a las inscripciones en el CERA de quienes obtuvieron la nacionalidad mediante la disposición cuestionada.
La aplicación práctica de la resolución presenta además dificultades administrativas. La Dirección General de Asuntos Consulares trasladó al Supremo que será necesario revisar los expedientes para determinar qué nacionalizaciones están vinculadas a la instrucción del Ministerio de Justicia que se encuentra bajo examen judicial.
Cientos de miles de expedientes, pendientes de revisión
Los datos aportados por la Abogacía del Estado reflejan la dimensión del procedimiento. A 1 de agosto, casi 370.000 personas habían obtenido la nacionalidad mediante la 'ley de nietos', mientras que otras 230.000 estaban pendientes de inscripción en el Registro Civil.
Además, unas 640.000 solicitudes permanecían pendientes de resolución en esa fecha.
La cuestión que debe resolver ahora el Supremo es, entre otras, si mantiene o levanta la suspensión cautelar solicitada por la Abogacía del Estado. El recurso se tramita ante los mismos magistrados que adoptaron inicialmente la medida, al tratarse de un recurso de reposición.
Mientras tanto, la convocatoria electoral ha reducido el margen disponible para ejecutar cualquier decisión antes de las elecciones. El censo que se utilizará en los comicios del 29 de noviembre será el correspondiente al cierre establecido legalmente para la convocatoria.
El adelanto electoral complica los plazos
La celebración de las elecciones el 29-N ha convertido el calendario en uno de los elementos centrales del procedimiento. La administración electoral necesita disponer con antelación de un censo definido y de las instrucciones necesarias para aplicar cualquier modificación que afecte al derecho de sufragio.
La Dirección General de Asuntos Consulares ya había advertido al Supremo de las dificultades que podía plantear la aplicación de la medida cautelar debido al volumen de expedientes que deberían analizarse individualmente.
El recurso de la Abogacía del Estado se encontraba pendiente de resolución cuando Sánchez anunció el adelanto electoral. Si el Supremo mantiene la suspensión, las autoridades tendrán que concretar cómo se aplica antes de los comicios. Si la levanta, desaparecería ese obstáculo para los afectados, aunque el procedimiento principal sobre la legalidad de la instrucción que está en el origen del litigio continuaría.
En caso de que la vía ante el Supremo no prospere, la Abogacía del Estado podría acudir al Tribunal Constitucional, según fuentes jurídicas citadas en el procedimiento.
La resolución del Alto Tribunal será, por tanto, determinante para saber qué ocurre con el derecho de sufragio de los nacionalizados afectados en las elecciones generales del 29 de noviembre.