La Audiencia Nacional protege a cuatro migrantes que colaboran en la investigación de Ceuta
La jueza María Tardón teme represalias contra ellos o sus familiares y mantiene reservados sus datos personales durante la investigación.
La magistrada María Tardón les concede el estatus de testigos protegidos ante el riesgo de represalias contra ellos o sus familiares. Los cuatro han aportado información sobre la actuación de agentes marroquíes durante la entrada masiva de personas en la ciudad autónoma el pasado julio.
La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha concedido la condición de testigos protegidos a cuatro migrantes que colaboran en la investigación sobre la entrada masiva de personas en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio. La decisión busca preservar su seguridad y evitar posibles presiones que puedan comprometer sus declaraciones ante la Justicia.
Los cuatro testigos llegaron por mar a la ciudad autónoma y han aportado información para identificar a agentes marroquíes y mandos policiales que habrían intervenido en la zona fronteriza durante aquellas jornadas. La investigación trata de esclarecer las circunstancias de la llegada de más de 90.000 personas procedentes de Marruecos, la mayoría a nado, así como determinar quiénes pudieron estar detrás de la operación.
En una resolución judicial, la magistrada justifica la medida por la peligrosidad de las personas que podrían estar relacionadas con los delitos investigados y por el riesgo de que los testigos o sus familiares sufran represalias. Entre los posibles delitos que se examinan figuran los relativos a la paz o la independencia del Estado, pertenencia a organización criminal, homicidio imprudente, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los altos organismos de la Nación y la forma de gobierno.
Tardón también ha anunciado que aplicará medidas similares a otros testigos que puedan intervenir en las próximas diligencias. Para ello, ha acordado abrir una pieza separada en la que se conservarán sus datos personales y los códigos de identificación asignados a cada uno.
La investigación apunta a una posible operación organizada
La magistrada subraya que la causa no se limita a examinar un episodio migratorio espontáneo o circunstancial. Según recoge en su resolución, existen indicios de una posible actuación planificada y coordinada, desarrollada mediante distintos niveles de difusión, movilización y ejecución.
Entre los elementos que forman parte de las pesquisas se encuentran el uso masivo de redes sociales, la presencia de personas que habrían dinamizado los movimientos sobre el terreno y la posible existencia de una estructura de dirección cuya composición y ubicación todavía se investigan.
La instructora considera que el caso presenta una complejidad y una trascendencia institucional extraordinarias. También destaca que parte de la posible actuación organizada habría tenido lugar fuera del territorio español y que podría implicar a numerosas personas aún sin identificar, con eventuales ramificaciones internacionales.
En ese contexto, la magistrada considera que la investigación afecta a intereses públicos especialmente sensibles, lo que refuerza la necesidad de proteger a quienes aporten información relevante para esclarecer los hechos.
Los testimonios sobre la actuación de agentes marroquíes
Los cuatro migrantes protegidos son los mismos que declararon como testigos el pasado martes. Durante sus comparecencias, aportaron información sobre el comportamiento de agentes marroquíes en la zona fronteriza.
Según sus testimonios, la actuación de estos efectivos no se habría limitado a una actitud pasiva. Algunos relatos apuntan a que determinados agentes habrían organizado el tránsito de personas hacia la zona del Tarajal e incluso empujado al mar a algunos migrantes desde la playa.
La información aportada podría contribuir a determinar la intervención de distintas personas en los acontecimientos y a esclarecer el desarrollo de la entrada masiva en Ceuta.
La magistrada advierte de un riesgo de represalias
Tardón considera que revelar la identidad de los testigos podría poner en peligro su integridad física y afectar a la libertad con la que prestan declaración. A su juicio, el tipo de delincuencia que se investiga y el entorno en el que se habrían producido los hechos justifican adoptar medidas de protección.
La resolución advierte de un riesgo "cierto y probable" de que conocer la identidad de estas personas provoque reacciones contra ellas o sus familiares. Entre los posibles daños contempla ataques contra su integridad física, su libertad personal o sus bienes.
La magistrada también señala que esas presiones podrían tener como objetivo debilitar la voluntad de los testigos para que dejen de colaborar con la Administración de Justicia.
Por ese motivo, considera necesario mantener reservados datos como sus nombres, filiación, domicilios y lugares de trabajo. La jueza entiende que su difusión podría facilitar represalias por parte de personas vinculadas a los investigados, ya sea por relaciones personales o afinidades ideológicas.
La existencia de precedentes de actuaciones contra testigos constituye, según la resolución, un factor relevante para justificar la adopción de estas medidas.