La inflación aún no ha dicho su última palabra: el golpe a la cesta de la compra está por llegar

Los alimentos frescos se encarecieron un 4,5% en agosto, el doble que en julio, mientras los elaborados siguen planos. Esa brecha no es una anomalía: es el reloj que marca en qué fase del contagio estamos.

Siete meses después del inicio de la guerra en Oriente Medio, la inflación española se sitúa en el 4,3%, y la subyacente —que excluye energía y alimentos frescos— en el 2,9%. En la eurozona, el IPC general fue del 3,3% en agosto y del 2,2% sin energía.

Leídos deprisa, esos números invitan a la tranquilidad: descontado el componente energético, los precios apenas se han movido desde antes del conflicto. El propio Banco Central Europeo admitió la semana pasada que el comportamiento de la inflación durante el verano le había sorprendido para bien.

Y sin embargo ha vuelto a subir tipos, hasta el 2,50%, y mantiene en su escenario adverso una inflación cercana al 6% para el final del año. La aparente contradicción tiene una explicación, y está en cómo se propaga un shock de costes.

Por qué la calma de los primeros meses no significa nada

La traslación de los mayores costes de producción a los precios finales no es inmediata. Ocurre con un decalaje que históricamente se sitúa entre los seis meses y el año desde el inicio de la crisis energética.

La razón es sencilla y tiene que ver con incertidumbre. Cuando la energía se encarece de golpe, una empresa no sabe si el encarecimiento es pasajero. Subir precios tiene un coste: irrita al cliente, obliga a rehacer catálogos y etiquetas, y puede hacer perder cuota frente a un competidor que aguante. Así que lo racional es absorber el golpe en el margen durante un tiempo y esperar a ver.

Eso es exactamente lo que se ha hecho hasta ahora. Y explica el espejismo inicial, que se repite en todos los episodios de este tipo: en los primeros seis meses de la guerra de Ucrania, los precios energéticos subieron un 17% mientras el resto de bienes y servicios apenas se encarecía un 0,7%.

Lo que cambia la situación no es una decisión coordinada, sino la acumulación de evidencia. Con siete meses de conflicto y sin final a la vista, el cálculo de cada empresa se invierte: mantener el precio deja de ser prudencia y pasa a ser deterioro sostenido del margen.

El hallazgo que explica cómo se acelera

Investigadores de los principales bancos centrales europeos estudiaron cómo trasladaron las empresas los costes energéticos durante el episodio anterior. Lo que encontraron es que el proceso inflacionista no se aceleró porque las empresas subieran mucho los precios, sino porque empezaron a cambiarlos con mucha más frecuencia. En 2022, el 65% de los productos registró una frecuencia de subidas significativamente mayor que en 2019.

La lógica detrás es la de pasar desapercibido. Una subida del 8% de golpe se ve, se comenta y provoca que el cliente busque alternativa. Ocho subidas del 1% repartidas a lo largo del año pasan bajo el radar, porque nadie recuerda con precisión lo que costaba un producto hace tres meses.

El problema es lo que esa práctica desencadena. Mientras las empresas revisan precios una vez al año, un shock de costes se diluye. Cuando pasan a revisarlos cada mes, la economía entera gana velocidad de reacción: cualquier encarecimiento se traslada casi en tiempo real, y lo hace en todos los eslabones a la vez. La inflación deja de ser un ajuste puntual y se convierte en un proceso continuo que se retroalimenta.

Es la diferencia entre un termostato que se consulta una vez al año y uno que se consulta a diario.

La brecha entre frescos y elaborados es un reloj

Los primeros indicios de que ese momento se acerca ya están en la cesta de la compra.

Los alimentos empezaron el año con una inflación del 3,2%, bajaron hasta el 1,7% en julio —dato que las cadenas de distribución exhibieron como prueba de su contención— y repuntaron al 2,5% en agosto. Son niveles todavía bajos. Lo revelador es cómo se reparten.

Los alimentos elaborados siguen estancados en el 1,3%. Los frescos escalaron al 4,5%, el doble que en julio.

Esa divergencia no es casual, y entender su causa convierte el dato en un indicador anticipado. Un producto elaborado se almacena: lo que hoy está en el lineal se fabricó hace semanas o meses, con energía comprada a precios anteriores. El inventario funciona como amortiguador. Un producto fresco no tiene ese colchón: el tomate que se vende hoy se ha producido, refrigerado y transportado con los costes de hoy.

Los frescos muestran el coste actual; los elaborados, el del pasado. La distancia entre ambos indica cuánto queda por trasladar. Cuando esa brecha empiece a cerrarse por arriba —cuando los elaborados suban hacia donde están los frescos, en lugar de que los frescos bajen— será la señal de que el inventario barato se agotó.

Funcas prevé que la inflación siga acelerando en septiembre hasta acercarse al 5%, el nivel más alto desde febrero de 2023, y que se mantenga por encima del 4% hasta marzo.

Dos cosas para el presupuesto doméstico

De todo esto se derivan dos cosas prácticas.

El titular de la inflación subyacente ofrece menos consuelo del que parece. Esa medida excluye precisamente energía y alimentos frescos, es decir, los dos componentes donde está ocurriendo lo relevante ahora mismo. Sirve para que un banco central juzgue tendencias de fondo, no para anticipar la compra semanal. Para eso el dato a seguir es el de alimentos, y dentro de él la distancia entre frescos y elaborados.

Los contratos indexados son la otra. Alquileres, pensiones, convenios colectivos y muchos contratos de servicios se actualizan con índices concretos y en fechas concretas. No todos usan el mismo indicador ni el mismo mes de referencia, y en una fase de aceleración esas diferencias dejan de ser técnicas. Saber qué índice y qué mes aplica a cada compromiso propio importa antes de que llegue la revisión, no después.

Los matices del pronóstico

Este proceso suele contarse con un determinismo que los datos no respaldan.

El 6% del BCE es un escenario adverso, no una previsión central: una hipótesis diseñada para poner a prueba el sistema, no lo que el organismo espera que ocurra. Funcas, por su parte, es un servicio de estudios entre varios, y sus proyecciones han fallado antes, como las de todos.

El precedente de Ucrania es instructivo, no una ley física. Aquel episodio se produjo tras una expansión fiscal y monetaria extraordinaria y con las cadenas de suministro globales todavía dislocadas por la pandemia, condiciones que hoy no se repiten. Los efectos de segunda ronda dependen de las expectativas y de cómo se fijen los salarios, y ninguna de esas dos cosas está predeterminada.

Y todo el razonamiento descansa sobre un supuesto explícito: que el conflicto continúa. Si los precios energéticos cedieran, el cálculo de las empresas volvería a invertirse.

Quién acaba pagando

Queda el reparto, que es donde este proceso tiene su aspecto menos discutido.

Hasta ahora, el coste del shock energético lo han absorbido los márgenes empresariales. La fase que empieza consiste, precisamente, en trasladarlo a los consumidores. Pero no llega a todos por igual: los alimentos frescos son el componente más difícil de sustituir y el que más pesa en la cesta de los hogares con menos ingresos, que son también los que menos capacidad tienen para cambiar de producto o de establecimiento.

Y está la respuesta prevista. El mayor temor del BCE, dicho por él mismo, es que los salarios suban con fuerza para compensar la pérdida de poder adquisitivo en un contexto de pleno empleo. Subir tipos sirve, entre otras cosas, para que eso no ocurra.