El descuento de la gasolina se encoge justo cuando sube el precio

El escudo fiscal restó 1,19 puntos al IPC en abril y solo 0,37 en agosto, con la inflación mucho más alta. No es un fallo de ejecución: está en el diseño, y el Gobierno decide estos días si lo repite.

El Gobierno aprobó el 20 de marzo un paquete de rebajas fiscales contra la inflación energética, con un coste inicial de 5.500 millones de euros. Incluía bajadas de IVA en electricidad, gas y carburantes.

Su efecto se puede medir comparando el IPC real con el índice a impuestos constantes que publica el INE. El escudo restó 0,37 puntos a la inflación en marzo, 1,19 en abril, 1,17 en mayo y 0,78 en junio.

A finales de junio el paquete se reeditó recortado. Desaparecieron las bajadas de IVA y quedó solo un descuento en el impuesto sobre hidrocarburos, además decreciente: 15 céntimos por litro en julio, 10 en agosto y 5 en septiembre, con una cláusula de revisión por precios que ya se ha activado este mes para el diésel.

El resultado es que en agosto el escudo restó 0,37 puntos al IPC. Lo mismo que en marzo, cuando las medidas estuvieron vigentes diez días. Y la inflación de agosto fue del 4,3%, frente al 2,3% de febrero.

Por qué los céntimos se diluyen y el IVA no

La diferencia entre los dos instrumentos es aritmética.

Un descuento de 15 céntimos sobre un litro a 1,50 euros equivale a una rebaja del 10%. Ese mismo descuento sobre un litro a 2 euros equivale al 7,5%. La cantidad nominal no cambia, pero su peso relativo cae a medida que sube el precio. Cuanto peor va la crisis, menos protege.

Una bajada de IVA funciona al revés. Al aplicarse en porcentaje, acompaña automáticamente al precio: si el litro sube, el importe descontado sube con él. No hace falta revisar nada ni aprobar un nuevo decreto.

El Gobierno cambió en junio el segundo instrumento por el primero. Y además lo programó en descenso, de 15 a 10 y a 5 céntimos, sobre el supuesto de que el conflicto se resolvería pronto y los precios cederían.

Ocurrió lo contrario. A finales de julio se torcieron las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, y el crudo y los refinados repuntaron. El Brent sigue por debajo de los máximos de marzo, pero la escasez de capacidad de refino encareció la gasolina y el diésel más de lo que subió el barril, y ese encarecimiento llega a la estación de servicio en días.

Dos debilitamientos simultáneos, entonces: el que trae el calendario decreciente y el que trae la propia naturaleza del descuento fijo. Ambos actuando cuando más falta hacía.

El diseño no fue un error, fue una compra

Esto suele contarse como un fallo de previsión. La lectura es incompleta.

Una bajada de IVA tiene un coste abierto: cuanto más suben los precios, más recaudación se pierde, sin techo conocido. Un descuento de céntimos por litro tiene un coste acotado y calculable, porque depende del consumo y no del precio.

Al sustituir uno por otro, el Ejecutivo ganó previsibilidad presupuestaria. Sabía cuánto iba a gastar. Lo que entregó a cambio fue la capacidad del escudo para reaccionar solo ante un empeoramiento.

Es una elección legítima y tiene un nombre preciso: se cambió protección contracíclica por certeza fiscal. El problema aparece cuando el escenario se tuerce, porque entonces hay que volver a legislar para corregir lo que antes se ajustaba automáticamente.

El contraste con el episodio anterior es ilustrativo. Entre 2022 y 2024 la protección fiscal creció de forma progresiva a lo largo de 2022, abarató los precios en torno a un 0,8% durante todo 2023 y se desmanteló después, a lo largo de 2024. Se reforzó mientras el problema crecía y se retiró cuando remitió.

El ahorro que no ahorra

La parte menos discutida de esta decisión es que no protegerse también cuesta dinero público.

Una inflación más alta eleva la revalorización de las pensiones, que está vinculada al IPC. Y aumenta la probabilidad de efectos de segunda ronda vía salarios, que a su vez realimentan los precios.

De modo que el Estado paga en cualquiera de los dos escenarios. La diferencia está en por qué puerta. Con una rebaja fiscal, el coste es visible, se decide y se acota. Con la inflación, el coste llega después, es automático y no admite negociación.

Qué mirar en las próximas semanas

Los descuentos caducan el 30 de septiembre, según el Real Decreto-ley 18/2026. Carlos Cuerpo ya ha avanzado que la actuación se prorrogará, sin concretar cómo.

Ahí está la decisión relevante, y no es cuánto gastar sino con qué instrumento. Si la prórroga vuelve a fijarse en céntimos por litro, volverá a perder fuerza si los refinados siguen tensionados. Recuperar la intensidad de marzo exige devolver las bajadas de IVA que se retiraron en junio, con el coste abierto que el Gobierno quiso evitar entonces.

Para quien mire su propio presupuesto, hay dos detalles concretos. La cláusula de revisión por precios ya se ha activado en septiembre para el diésel. Y la elección entre céntimos e IVA determina a quién llega la ayuda: un descuento en el surtidor solo alcanza a quien reposta, mientras que una rebaja de IVA en luz y gas llega a todos los hogares, conduzcan o no.

Lo que las previsiones dan por supuesto

Funcas calcula una inflación del 4,9% en septiembre y por encima del 4% el resto del año, con medias del 3,6% en 2026 y el 2,9% en 2027: tres décimas más que en su estimación de julio, en ambos ejercicios.

Ese cálculo descansa sobre dos supuestos que no son hechos. El primero, que el Gobierno reintroducirá una rebaja de 20 céntimos en hidrocarburos para gasolina y gasóleo hasta enero de 2027, decisión que todavía no se ha tomado. El segundo, que las tensiones no van a más y el barril baja hasta los 80 dólares a final de año y los 70 al cierre de 2027.

La medición del INE tiene también su alcance. El índice a impuestos constantes aísla el efecto directo de los cambios impositivos, no lo que hicieron empresas y consumidores en respuesta.

Y todos los organismos internacionales siguen previendo que el shock sea transitorio, igual que preveían en junio, cuando esa previsión fundamentó precisamente el recorte del escudo.

Quién queda cubierto

El cambio de junio no redujo la protección de forma uniforme. La desplazó.

Las bajadas de IVA en electricidad y gas alcanzaban a cualquier hogar con contrato de suministro. El descuento en el surtidor alcanza a quien llena el depósito, y la cantidad recibida crece con los litros consumidos: protege más a quien más gasta en combustible, que suele ser quien más kilómetros hace, por trabajo o por renta.

Retirar lo primero y mantener lo segundo trasladó la cobertura desde el consumo doméstico universal hacia el consumo de carburante. Es una decisión distributiva, aunque se haya presentado como un simple ajuste de coste.