Anticorrupción reclama que Zapatero declare ante el juez por los 200.000 euros de Bolivia
Anticorrupción defiende mantener en la causa el atestado policial y sostiene que el expresidente debe explicar esos pagos ante el juez José Luis Calama.
La Fiscalía rechaza sacar de la causa el informe de la UDEF sobre los 200.000 euros y sostiene que el expresidente debe explicar esos ingresos
La Fiscalía Anticorrupción considera que José Luis Rodríguez Zapatero debe volver a declarar como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama por una de las nuevas líneas de investigación de la causa que afecta al expresidente. En concreto, quiere que explique los 200.000 euros que recibió de la sociedad peruana Focus Social Research mientras realizaba gestiones en Bolivia relacionadas con los intereses del Grupo Gloria.
En un escrito presentado ante el juzgado, el Ministerio Público rechaza la petición de la defensa de Zapatero para excluir del procedimiento el informe elaborado por la UDEF sobre estos pagos. La Fiscalía sostiene que la incorporación de esta información está relacionada con el objeto de la investigación y que la vía adecuada para esclarecerla es escuchar al propio expresidente.
Anticorrupción coincide así parcialmente con uno de los argumentos de la defensa: Zapatero debe tener la posibilidad de explicar los nuevos hechos. Lo que rechaza es que esa audiencia se sustituya por la eliminación del atestado policial.
"Los argumentos relativos a dar audiencia al investigado en relación a los hechos del tráfico de influencias dimanantes del atestado no solo son atendibles, sino que tal audiencia deberá practicarse", sostiene la Fiscalía.
Los 200.000 euros recibidos desde Perú
La nueva línea de investigación se centra en varios pagos que, según la UDEF, alcanzaron los 200.000 euros y fueron realizados mediante transferencias desde Focus Social Research, una empresa peruana dedicada al marketing.
Los pagos se produjeron mientras Zapatero desarrollaba en Bolivia distintas gestiones relacionadas con el Grupo Gloria, conglomerado peruano con intereses en el país. Una de las empresas del grupo, Soboce, mantenía entonces un conflicto judicial con Fancesa que había terminado en una condena económica.
La investigación policial vincula las transferencias con la actividad de intermediación que el expresidente habría realizado ante responsables políticos bolivianos para tratar de resolver la situación de la compañía.
La defensa de Zapatero sostiene, por el contrario, que se trató de una relación profesional legítima y se opone a que esta parte de las pesquisas permanezca dentro del procedimiento.
La Fiscalía niega que se trate de una investigación prospectiva
Uno de los principales argumentos de la defensa es que la UDEF habría ampliado sus pesquisas más allá del objeto que tenía autorizado investigar.
Anticorrupción rechaza esta interpretación. La Fiscalía sostiene que los pagos de Focus Social Research ya aparecían en documentación policial anterior y recuerda que Zapatero había sido preguntado durante su declaración por su relación con la sociedad peruana.
Por ello, considera que las transferencias no constituyen un hallazgo completamente ajeno a la investigación ni pueden considerarse fuera del ámbito de los hechos que se están analizando.
El Ministerio Público habla de una "incuestionable conexidad" entre esta línea y el objeto principal de la causa, que investiga un posible delito de tráfico de influencias relacionado con una organización presuntamente liderada por el expresidente.
Anticorrupción conecta los pagos de Bolivia con otra línea de investigación
La Fiscalía también establece un paralelismo entre la investigación sobre los negocios de Zapatero en Bolivia y otra de las líneas del procedimiento, relacionada con Plus Ultra.
Según Anticorrupción, en ambos episodios existiría un elemento común: el investigado habría obtenido un beneficio económico.
En el caso de Plus Ultra, la Fiscalía sitúa ese beneficio en operaciones en las que habría intervenido Análisis Relevante. En la investigación sobre Bolivia, en cambio, apunta directamente a las transferencias recibidas en las cuentas bancarias de Zapatero.
La Fiscalía utiliza esta conexión para defender que el informe policial debe permanecer incorporado a las actuaciones.
La defensa pidió excluir el informe de la UDEF
La defensa del expresidente había cuestionado que la Policía investigara el origen y destino de esos fondos y había solicitado que el atestado relacionado con los pagos fuera excluido del procedimiento.
Anticorrupción considera que esa petición no es la respuesta procesal adecuada. A su juicio, si existen nuevos hechos que afectan al investigado, lo procedente es darle la oportunidad de explicarlos ante el juez.
La Fiscalía critica así lo que describe como un intento de limitar la investigación y respalda que la UDEF haya incorporado al procedimiento los datos relacionados con las transferencias.
La última palabra sobre la continuidad de esta línea de investigación corresponderá ahora al juez José Luis Calama, que deberá decidir si mantiene el informe policial en la causa y si cita nuevamente a Zapatero para que explique los pagos de 200.000 euros recibidos desde Focus Social Research.