PSOE y Sumar impulsan la enmienda sobre la ley de nietos pese al criterio del Congreso
La propuesta modifica la Ley de Memoria Democrática, afecta a la nacionalidad de descendientes de exiliados y seguirá su recorrido parlamentario entre críticas del PP.
La Mesa de la Comisión de Educación admite una modificación que afecta a la Ley de Memoria Democrática pese al informe de los letrados que cuestionó su relación con la norma educativa
PSOE y Sumar han conseguido que siga adelante una enmienda que modifica la conocida como ley de nietos dentro de la reforma de la Ley de Educación. La Mesa de la Comisión de Educación, donde ambos grupos tienen mayoría, ha admitido a trámite la propuesta pese al informe de los letrados del Congreso que cuestionaba su encaje con el contenido de la iniciativa educativa.
La enmienda afecta a la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática y pretende elevar a rango legal una instrucción cuya aplicación fue suspendida cautelarmente por el Tribunal Supremo. La medida tiene además implicaciones sobre el procedimiento de nacionalización de descendientes de exiliados y sobre su posterior inscripción electoral.
Los servicios jurídicos de la Cámara consideraron que la modificación no guarda una relación suficiente con el proyecto que pretende modificar. En su informe, señalan que resulta "incongruente con el objeto y la finalidad del proyecto de ley" y que no existe "el mínimo punto de conexión material" entre la iniciativa educativa y el contenido de la enmienda.
El informe recuerda también la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de que exista una conexión material entre las enmiendas y las iniciativas legislativas a las que se incorporan. Los letrados advierten de que el incumplimiento de este requisito podría afectar al artículo 23 de la Constitución, relativo al derecho de participación política.
La enmienda seguirá ahora su recorrido parlamentario
Pese al criterio jurídico, la Mesa ha permitido que la modificación continúe su tramitación. La ponencia está convocada para el próximo 14 de octubre, cuando se votarán las distintas enmiendas al proyecto.
Si la propuesta supera esa fase, tendrá que pasar por la Comisión de Educación y posteriormente por el Pleno del Congreso.
La modificación pretende recuperar mediante una norma con rango de ley los efectos de la instrucción vinculada a la Ley de Memoria Democrática que amplió los supuestos para que determinados descendientes de españoles exiliados pudieran solicitar la nacionalidad.
El procedimiento está relacionado también con el derecho de voto de quienes obtienen la nacionalidad española y posteriormente pasan a formar parte del censo electoral.
El PP anuncia una reclamación
El Partido Popular ya ha anunciado que recurrirá la decisión de la Mesa. El grupo parlamentario prepara un escrito de reclamación en el que cuestionará la admisión de la enmienda y criticará que se haya aceptado pese al informe de los servicios jurídicos del Congreso.
Desde Génova consideran que la modificación demuestra, según su interpretación, que la instrucción anterior no tenía el respaldo legal suficiente. Los populares también sostienen que la medida tendría una finalidad electoral y la relacionan con el aumento del voto exterior.
PP y Vox ya habían planteado anteriormente que la ampliación de la nacionalidad podía tener consecuencias sobre el censo de españoles residentes en el extranjero. Esa interpretación forma parte de la crítica política de ambos partidos al procedimiento.
La discusión se produce mientras sigue abierto el conflicto judicial sobre los efectos electorales de la conocida como ley de nietos.
El Supremo mantiene abierta la cuestión del censo
El Tribunal Supremo suspendió cautelarmente parte de los efectos de la instrucción después de una denuncia presentada por Vox e Iusticia Europa. Entre otras medidas, estableció que determinadas inscripciones en el censo electoral quedarían sin efecto una vez terminada su tramitación y suspendió los efectos electorales para los próximos procesos en el caso de personas que ya hubieran sido inscritas.
Hasta el 31 de agosto, más de 600.000 solicitudes habían sido aprobadas y más de la mitad ya figuraban inscritas.
La Sala Tercera estableció que podían continuar las inscripciones cuando se acreditara que los solicitantes eran descendientes de exiliados. El Supremo justificó su decisión, según el planteamiento recogido en el procedimiento, por el riesgo que podía generar la instrucción sobre el censo electoral.
La norma que dio origen a la controversia fue desarrollada mediante una instrucción firmada por la entonces directora general de Seguridad Jurídica, Sofía Puente. El Gobierno sostiene que no existe riesgo derivado del crecimiento del censo y ha recurrido judicialmente la suspensión de los efectos electorales.
La Abogacía del Estado ya presentó un recurso contra la decisión del Supremo. Ahora, con la tramitación de la enmienda en el Congreso, PSOE y Sumar intentan modificar mediante una norma con rango de ley el marco que está en el centro del procedimiento judicial.
La decisión de la Mesa abre así una nueva fase de la controversia: la cuestión ya no se limita a los tribunales, sino que vuelve al Parlamento, donde la propuesta deberá superar las distintas etapas de la tramitación antes de convertirse, en su caso, en una modificación legal.