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Pedro Sanchez Thomas COEX / AFP via Getty Image

La apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para conseguir la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea se ha encontrado este martes con una respuesta poco favorable entre varios socios. Alemania, Suecia y Lituania han intervenido en el Consejo de Asuntos Generales para rechazar que el reconocimiento de estas lenguas quede vinculado al futuro ingreso de nuevos países en la UE.

España había llevado la cuestión a Bruselas como un punto de información, por lo que no estaba prevista ninguna votación. Aun así, los representantes de varios Estados miembros decidieron intervenir para dejar clara su posición.

El movimiento alemán era especialmente relevante. Berlín ya había mostrado reservas en anteriores ocasiones sobre la petición española y volvió a defender que los dos asuntos deben mantenerse separados.

"Estoy en contra de una bilateralización de la integración europea", afirmó antes de la reunión el secretario de Estado alemán para Europa, Gunther Krichbaum. Su mensaje fue acompañado de un llamamiento a recuperar un mayor "espíritu europeo".

Suecia y Lituania también se desmarcan

Suecia fue otro de los países que rechazó la estrategia española. Su ministra para la UE, Jessica Rosencrantz, defendió que el proceso de ampliación y el debate sobre las lenguas oficiales son cuestiones diferentes.

Rosencrantz recordó que su país respalda el avance de las negociaciones con Montenegro y otros candidatos y advirtió de que no considera adecuado mezclar ambos asuntos.

Desde Lituania el mensaje fue todavía más directo. Su viceministro de Exteriores, Sigitas Mitjus, afirmó que para su Gobierno "este vínculo no es aceptable".

La posición expresada por estos países coincide con las reservas que varios socios ya habían planteado en anteriores debates sobre la oficialidad de las lenguas cooficiales españolas. La propuesta necesita unanimidad de los Estados miembros y hasta ahora no ha conseguido reunirla.

España mantiene el pulso

El Gobierno no ha retirado su exigencia.

El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, fue el encargado de trasladar la posición española en Bruselas. La tesis de Moncloa es que no resulta aceptable que la UE incorpore nuevas lenguas al régimen lingüístico como consecuencia de futuras ampliaciones mientras el catalán, el euskera y el gallego siguen fuera.

Sampedro recordó que España planteó formalmente el reconocimiento de estas tres lenguas hace tres años y defendió que ha llegado el momento de solucionar lo que considera una situación discriminatoria para los ciudadanos que viven en comunidades con varias lenguas oficiales.

El Gobierno calcula que alrededor de 20 millones de españoles viven en territorios donde existe más de una lengua oficial y utiliza ese dato como argumento para reclamar el reconocimiento europeo.

La posición española ya había sido anunciada a principios de septiembre: Exteriores advirtió de que España no aceptaría la incorporación de nuevas lenguas al régimen oficial de la UE derivada de futuras adhesiones si antes no se aprobaba la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego.

Una reivindicación que lleva años bloqueada

El intento de España no es nuevo. La petición de convertir las tres lenguas cooficiales en idiomas oficiales de la UE ya se había discutido en anteriores reuniones y encontró oposición de varios Estados miembros.

La última discusión a Veintisiete se produjo en julio de 2025, cuando las reservas de una decena de países impidieron avanzar en la propuesta.

El problema no es únicamente político. Entre los países reticentes se han planteado dudas sobre las consecuencias jurídicas, financieras y operativas de ampliar el régimen lingüístico de la Unión. También preocupa el precedente que podría sentarse para otras lenguas.

España ha defendido que está dispuesta a asumir los costes derivados de la incorporación de las tres lenguas y ha planteado una aplicación progresiva. A pesar de ello, el consenso sigue sin aparecer.

El choque con la ampliación europea

El elemento nuevo de esta ofensiva española es precisamente el vínculo con la ampliación.

Bruselas tiene sobre la mesa el futuro ingreso de varios países candidatos, especialmente de los Balcanes y del este de Europa. España sostiene que apoyará la ampliación, pero ha dejado claro que no está dispuesta a aceptar que el proceso implique añadir nuevas lenguas al régimen oficial de la UE mientras su propia propuesta siga bloqueada.

Ese planteamiento es el que varios gobiernos europeos quieren evitar.

Para Alemania, Suecia y Lituania, la ampliación responde a un proceso europeo distinto y no debería convertirse en una herramienta de negociación sobre el régimen lingüístico.

El Gobierno español tendrá ahora que decidir si mantiene el pulso en los próximos meses o intenta buscar una fórmula que permita separar ambos debates. Por ahora, su estrategia no ha conseguido convencer a algunos de los socios que resultan claves para alcanzar la unanimidad necesaria.