San Sebastián transformará la antigua cárcel de Martutene en un nuevo barrio con 400 viviendas
El proyecto, impulsado por el Gobierno central, el Ejecutivo vasco y el Ayuntamiento, prevé una inversión de 14,5 millones de euros y priorizará el alquiler asequible.
El derribo de la prisión permitirá desarrollar unas 400 viviendas y apartamentos dotacionales en Txomin Enea II. El proyecto, impulsado por el Ministerio de Vivienda, el Gobierno vasco y el Ayuntamiento donostiarra, contempla una inversión estimada de 14,5 millones de euros y dará prioridad a los alojamientos protegidos y asequibles.
La antigua cárcel de Martutene, en San Sebastián, dejará paso a un nuevo desarrollo residencial con alrededor de 400 viviendas y apartamentos dotacionales. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de la ciudad han acordado los principales pasos para activar la segunda fase de Txomin Enea, una operación que incluye el derribo de la prisión y la reorganización de los terrenos.
El acuerdo fue suscrito en Madrid por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; el consejero vasco del área, Denis Itxaso, y el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti. La actuación priorizará la construcción de vivienda protegida y asequible y coordinará las promociones que estarán a cargo de las entidades públicas Visesa y Casa 47.
La operación urbanística tiene una estimación económica inicial de 14,5 millones de euros. En cuanto a la titularidad del suelo, aproximadamente dos tercios del ámbito corresponden al Ayuntamiento de San Sebastián, mientras que el tercio restante pertenece al Estado, al tratarse de los terrenos de la antigua prisión.
Cesión de terrenos y coordinación de las promociones
El siguiente paso será la aprobación inicial del proyecto de reparcelación de Txomin Enea II por parte de la Junta de Gobierno Local. El documento, elaborado junto a Casa 47, permitirá iniciar las negociaciones para formalizar la cesión al Gobierno vasco de los terrenos municipales incluidos en el desarrollo.
Las administraciones también han establecido tres líneas prioritarias de trabajo: la demolición de la cárcel, la transmisión de los suelos municipales y la elaboración de un convenio que regule la urbanización y coordine las promociones residenciales.
Visesa y Casa 47 desarrollarán las parcelas y los aprovechamientos urbanísticos que les correspondan, de acuerdo con los futuros compromisos entre las instituciones.
El derribo de Martutene costará más de 3,6 millones
Visesa ya ha presentado el proyecto técnico para la demolición de la antigua prisión. Está previsto que Casa 47 se encargue de impulsar y ejecutar los trabajos una vez se completen los trámites administrativos y técnicos necesarios.
El presupuesto estimado para el derribo asciende a 3,63 millones de euros. A esta cantidad se añadirán 118.470 euros correspondientes a la redacción del proyecto y al estudio histórico elaborado por la Sociedad de Ciencias Aranzadi.
El informe recoge el papel represivo que desempeñó la cárcel durante el franquismo y la transición. Por este motivo, las administraciones estudian conservar algún elemento arquitectónico del recinto o incorporar una placa o panel conmemorativo en la futura urbanización.
Una inversión de 14,5 millones para urbanizar el ámbito
La transformación de Txomin Enea II tendrá un coste estimado de 14,5 millones de euros. De ese importe, alrededor de 7,5 millones se destinarán a las obras generales de urbanización, mientras que la acometida eléctrica supondrá unos 350.000 euros.
Por su parte, el Gobierno vasco ya ha incluido en el Contrato Programa 2026 de Visesa la inversión correspondiente a las viviendas que esta entidad pública promoverá en el ámbito.
La iniciativa permitirá ampliar la oferta residencial protegida y asequible en San Sebastián y recuperar para uso urbano los terrenos que actualmente ocupa la antigua cárcel.
Tres nuevos municipios vascos, declarados zonas tensionadas de vivienda
En paralelo, el mercado residencial del País Vasco suma tres nuevos municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado: Sopela y Urduliz, en Bizkaia, y Bergara, en Gipuzkoa.
La declaración entró en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de prórroga si se mantienen las circunstancias que justificaron su aprobación.
Esta figura, contemplada en la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, permite aplicar medidas extraordinarias destinadas a aliviar las dificultades de acceso a una vivienda y favorecer condiciones más asequibles en el mercado del alquiler.
Con estas incorporaciones, el País Vasco alcanza los 21 municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado. En el conjunto de España, la cifra asciende a 324 localidades, en las que se aplican mecanismos de limitación de los precios del alquiler.
Cataluña concentra la mayor parte de estos municipios, con 271. Euskadi iguala a Navarra, con 21 localidades, mientras que Asturias cuenta con nueve y Galicia con dos.