La Comunidad de Madrid quería el ático de 6,3 millones para alojar ocasionalmente a autoridades

La subasta del piso de 6,3 millones ha quedado desierta con un precio de salida superior al de compra. El mismo día, el consejero de Presidencia ha dado una explicación distinta de las anteriores sobre para qué se adquirió.

La Comunidad de Madrid no ha conseguido vender el ático del paseo del General Martínez Campos que compró en abril por 6,3 millones de euros. La mesa de contratación se reunió este jueves a las 14:00 y elevó la propuesta de declarar desierto el lote por no haber concurrido oferta alguna.

El acta se publicó en el Portal de Contratación a las 16:12. La apertura de sobres estaba prevista el miércoles y se aplazó un día por motivos organizativos.

El primer lote de la misma licitación, un inmueble en Gran Vía, sí encontró comprador: la empresa Cartesón S.L. lo adquiere por 11.850.010 euros.

Las cuentas de la subasta

El precio de salida del ático era de 6.694.201 euros. La Comunidad lo había comprado cinco meses antes por 6,3 millones.

Es decir, la administración salió al mercado pidiendo casi cuatrocientos mil euros más de lo que había pagado en abril, por el mismo inmueble y en el mismo mercado.

Que nadie haya pujado admite dos lecturas, y ninguna resulta cómoda. O el precio de salida estaba por encima de lo que vale el piso, y entonces la pregunta es por qué se fijó así. O el piso vale menos de lo que se pagó, y entonces la pregunta es por qué se compró a ese precio.

La venta del lote de Gran Vía cierra además una posible tercera explicación. Si la subasta hubiera fracasado entera, cabría atribuirlo a las condiciones del mercado o al formato del procedimiento. Con un lote vendido y otro desierto, el problema está en el inmueble o en su precio, no en el método.

Tres versiones en cinco meses

El otro asunto del día es qué se compró y para qué, porque la explicación ha ido cambiando.

Cuando El País destapó la operación, la versión fue que el piso serviría como oficina temporal de la presidenta mientras se ejecutan las obras de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional. Al día siguiente se anunció su venta.

Este jueves, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, ha ofrecido una explicación distinta. Dice que la compra se hizo a petición de su consejería para disponer de un inmueble institucional con una zona de trabajo, un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades de la región o en visita oficial. Y la enmarca en la necesidad de contar con espacios complementarios a las sedes institucionales en contextos de gestión de crisis prolongadas, como la pandemia.

También ha subrayado que en ningún caso se adquirió como residencia oficial de Isabel Díaz Ayuso.

Esa negativa convive mal con lo que el propio consejero acaba de describir. Un inmueble con área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades es, por definición, un uso residencial. Y coincide con lo que dice la memoria de arrendamiento del expediente, que habla expresamente de un inmueble institucional de carácter residencial y sostiene que solo cuatro comunidades autónomas, entre ellas Madrid, carecen de ese recurso.

De modo que la versión de la oficina temporal y la versión del alojamiento institucional no son la misma, y la segunda es la que consta por escrito en el expediente desde el principio.

Lo que ha cambiado no es el uso previsto. Es la explicación pública, que se ha ido ajustando a lo que se iba conociendo.

Los fondos propios que son fondos públicos

Hay un matiz en la defensa del consejero que conviene deshacer.

García Martín ha señalado que la compra se realizó con fondos propios de Planifica Madrid, la empresa pública que ejecutó la operación, y dentro de su actividad normal de gestión patrimonial.

Los fondos propios de una empresa pública son dinero público. El hecho de que el pago no saliera directamente del presupuesto de una consejería sino de la tesorería de una sociedad participada al cien por cien por la Comunidad es una diferencia contable, no económica. El patrimonio de esa sociedad pertenece al mismo titular.

Situar el gasto en una empresa instrumental no lo convierte en privado. Sí lo hace menos visible en el debate presupuestario, que es una cuestión distinta y también relevante.

Qué pasa ahora

La subasta desierta deja tres cosas en el aire.

El ático sigue siendo propiedad pública, y la Comunidad tendrá que decidir si rebaja el precio, si lo saca de nuevo en las mismas condiciones o si finalmente lo destina al uso para el que dice haberlo comprado.

El compromiso de destinar lo obtenido a la reconstrucción de la sierra oeste tras el incendio de este verano queda, por el momento, sin financiación. Ese anuncio se hizo un día después de conocerse la compra y dependía de una venta que no se ha producido.

Y queda pendiente lo que ningún documento publicado aclara: qué tasación respaldó los 6,3 millones de abril y quién fijó el precio de salida de septiembre.

Una administración que compra un inmueble, lo pone a la venta al día siguiente de que se conozca y no encuentra comprador ni siquiera pidiendo más de lo que pagó tiene dos decisiones que explicar, no una.